Judiciales y Policiales
Nadie se hace cargo

Jalil se sigue manteniendo al margen del caso Rojas, mientras Catamarca se hunde en corrupción y muerte

Raúl Jalil, gobernador de Catamarca, junto a Rojas.

Pasaron más de treinta años del crimen de María Soledad Morales, una muerte que terminó por derrumbar el poder feudal de Catamarca que habían detentado durante años Vicente y Ramón Saadi. Por entonces, el intendente de la capital provincial era José Jalil.

Desde hace cuatro meses, cuando el ministro de Desarrollo Social y secretario general del gremio de gastronómicos catamarqueño, Juan Carlos Rojas, apareció asesinado en el patio de su casa, el poder actual quedó en medio de fundadas sospechas de encubrimiento montado sobre una inexplicable inoperancia judicial.

El tiempo parece no correr en Catamarca: el actual gobernador de la provincia es Raúl Jalil y el intendente de la capital, Gustavo Saadi, ambos representantes de las mismas familias que manejaban el poder político más de tres décadas atrás.

En la mañana del sábado 3 de diciembre del año pasado, murió Rojas. El domingo 4, uno de sus hijos lo encontró tirado en el patio de su casa, en un charco de sangre. Ese día lo velaron a cajón cerrado y la sociedad acercó sus condolencias.

“Yo me hice presente en el lugar del hecho y trabajé con la gente del Ministerio de Seguridad y no hemos notado nada extraordinario como para pensar en una muerte violenta. No hemos notado signos de violencia”, dijo el fiscal Laureano Palacios en la vereda de la casa, a un par de horas de haber encontrado al funcionario muerto.

La liviandad con la que se investigaron los primeros momentos después de la muerte no se condice con la entidad de la víctima y con los cuidados que se debieron haber tomado. De hecho, Rojas además de ser ministro era el secretario general del gremio gastronómico y mano derecha de Luis Barrionuevo.

Justamente, el líder sindical es catamarqueño y alguna vez intentó ser elegido gobernador. Sin embargo, más allá del poder que tiene en su pago chico, jamás logró apoyo en las urnas. Así y todo, se las arregló como para negociar lugares en el gobierno provincial y desde hace tiempo que maneja, en acuerdo con Jalil, el Ministerio de Desarrollo Social.

Ese sillón era ocupado por Rojas cuando fue asesinado. Y en ese lugar se sentó, una vez ocurrida la muerte, el sobrino de Barrionuevo, Gonzalo Mascheroni, hijo de una de las hermanas del sindicalista que vive en la capital provincial.

Ese domingo, cuando la noticia corrió, se dijo que el difunto había sufrido un infarto masivo. Pero esa misma noche, las sospechas crecieron. En la mañana del lunes, todo estaba preparado para retirar el féretro y cremar el cuerpo.

Pero cuando las coronas estaban arriba del auto que las transportaría al cementerio, hubo un anuncio al lado del cajón. Barrionuevo, el personaje más importante que estaba en el velorio, reunió a todos y habló: aquella muerte era ni más ni menos que un asesinato.

Desde entonces, Catamarca se sumió en un lugar donde el silencio oficial y la torpeza, o la complicidad judicial, no hicieron más que avivar las sospechas de encubrimiento. Jalil nunca más se refirió al hecho y Barrionuevo tampoco hasta la semana pasada, cuando sin pruebas, insinuó que el hijo podría haber cometido el crimen.

Sorprende la secuencia de garrafales errores judiciales y policiales, por no hablar de encubrimiento, que difuminaron la investigación. Nunca se investigó el móvil del crimen, al punto que prácticamente no se avanzó con líneas de trabajo en el Ministerio ni en el gremio.

La escena del crimen se liberó unas pocas horas después y ni siquiera con el cuerpo del entonces ministro muerto en el patio se valló el lugar. Ninguno de los dos despachos que utilizaba Rojas, en la gobernación y en el sindicato, fueron allanados ni se preservó la documentación que podría haber indicado alguna pista.

Tal fue la desidia que el gobierno nombró al fiscal Hugo Costilla, un bombero del Ministerio Público, como ayudante para socorrer al inexperto Palacios, el fiscal de origen que cometió todos los errores posibles al inicio de la investigación.

A pocos días de haber hallado el cadáver, la Justicia acusó a Silvina Nieva, una empleada del sindicato que hacía tareas de limpieza en la casa del ministro. La detuvieron sin haber presentado pruebas en su contra y estuvo presa ocho días. El fiscal Palacios tuvo que dejarla en libertad al cabo de ese período, ya que el escrito donde se decidió la detención no estaba firmado por él ni por nadie. Desde entonces, no hubo otra línea de investigación en la causa.

En todo este tiempo, la opinión pública empezó a descubrir el velo de a poco. Mientras se sucedían algunas marchas convocadas por la familia de la víctima pidiendo Justicia con unos pocos concurrentes, la oposición logró abrir un jury de enjuiciamiento para Palacios.

Se constituyó un tribunal y al frente de la acusación quedó el fiscal Miguel Mauvecín. Hace unos pocos días, hizo pública su postura de no acusar a su colega por su lamentable desempeño en la primera parte de la instrucción del crimen de Rojas.

Cuando la impunidad ya golpeaba la puerta, los hijos del ex funcionario llamaron a una conferencia de prensa para mostrar las fotos de su padre mutilado. Fue un shock. Desde entonces, el poder se conmovió ya que la palabra encubrimiento se empezó a sentir con más fuerza. Mientras tanto, las marchas se volvieron algo más masivas y los carteles “Justicia para Rojitas” fueron más numerosos.

El poder está inquieto en Catamarca. Recién entonces aparecieron algunas voces. La primera, la de Barrionuevo, que apuntó a los hijos. Las otras, la de la oposición, que piden a gritos que se investigue y miran de reojo aquel crimen de María Soledad que terminó con un gobierno.

Jalil, mientras esto sucedía, estaba de gira por Japón, China y Corea del Sur. Actualmente, el gobernador se mantiene en silencio. Pero nada está calmo en la provincia de los Jalil y los Saadi. Algo está claro: ya no se podrá encubrir el caso ante una sociedad que reclama Justicia, como hace algo más de treinta años.

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