Los operarios, muchos con décadas de antigüedad, se presentaron en la planta antes de las 5:30 de la mañana, como lo hacían habitualmente para iniciar la jornada a las 6.

Sin embargo, al llegar se encontraron con los portones cerrados. Un guardia de seguridad les informó que tenía la orden “desde Buenos Aires” de no permitir el ingreso porque la fábrica había sido cerrada.

Entre los trabajadores afectados se encuentra Fernando Navarro, de 50 años, quien llevaba 24 años en la empresa desde el primer día de funcionamiento de la planta. Como él, varios empleados no podían creer lo ocurrido, ya que nunca recibieron una comunicación previa sobre el cierre.

Las señales comenzaron a aparecer el día anterior, cuando la empresa les pidió retirarse antes del horario habitual. En lugar de finalizar la jornada a las 15, los trabajadores fueron enviados a sus casas a las 12:30.

La planta había llegado a tener cerca de 60 empleados, pero en octubre la empresa había despedido a 36 trabajadores, reduciendo el plantel a menos de la mitad. En ese momento, según relataron los operarios, la firma había asegurado que con ese ajuste la fábrica continuaría funcionando.

Tras el cierre, representantes de Recursos Humanos se acercaron a la planta y ofrecieron inicialmente pagar el 50 por ciento de las indemnizaciones en cuotas.

Luego de negociaciones con el sindicato y los trabajadores, la empresa aceptó elevar la propuesta al 80 por ciento, también en cuotas: dos pagos para quienes tienen menos de 10 años de antigüedad y tres para los empleados con mayor trayectoria.

En la planta se producían alrededor de 1.000 pares diarios de zapatillas Lotto. Luego de la reducción del personal, la producción había descendido a unos 800 pares por día, incluyendo modelos para adultos y niños que abastecían a las cadenas comerciales del grupo.

Uno de los trabajadores despedidos, Eugenio Cruceño, que llevaba 5 años en la empresa, aseguró que la firma atribuyó el cierre a la apertura de importaciones y a la caída de las ventas en sus 122 locales.

“Queríamos cobrar el 100 por ciento de la indemnización y pedimos ayuda al gobierno para negociar, pero no hubo respuesta”, expresó. Cruceño explicó además que tiene un hijo de 8 años y que, sin trabajo, enfrenta serias dificultades para sostener su economía familiar.

El cierre de Dalbra se suma a una serie de conflictos laborales que golpean a Catamarca. En enero, los trabajadores despedidos de la fábrica de heladeras y freezers Neba también cobraron solo el 80 por ciento de sus indemnizaciones.

A su vez, la empresa Longvie mantiene personal suspendido, Camino S.A. adeuda salarios y la textil VVC —ex Artex— registra sueldos impagos para 17 empleados.

La seguidilla de cierres, suspensiones y deudas salariales refleja el complejo panorama que atraviesa el sector industrial en la provincia.