En términos simples, lo que se resolvió es que la explotación futura de los minerales del yacimiento Agua de Dionisio, ubicado en el departamento Belén, seguirá financiando una “ciudad universitaria” en Tucumán que comenzó a construirse en 1948, se paralizó en 1955 y nunca fue concluida. Ahora, además, la UNT plantea que aquella obra ya no sirve y que debe hacerse una nueva.

El acuerdo conciliatorio pone fin a un litigio iniciado por la UNT en la Justicia Federal de Catamarca, en reclamo por la distribución de las utilidades de YMAD. El origen del conflicto se remonta a la propia creación de la empresa: el Acta de Farallón Negro, firmada en 1958 entre la Nación, Catamarca y la UNT, dio lugar a la Ley 14.771, que estableció un reparto del 60 por ciento de las utilidades para la provincia y del 40 por ciento para la universidad, con una condición explícita: esos fondos debían destinarse a finalizar la “Ciudad Universitaria”.

Sin embargo, en 2008 las autoridades de la UNT dieron por concluida la obra y renunciaron a la mitad de su participación, quedándose con el 20 por ciento. El porcentaje restante debía redistribuirse entre otras universidades nacionales. Años más tarde, una nueva gestión universitaria desconoció esa decisión y acudió a la Justicia para reclamar el regreso al esquema original. Así comenzó una controversia que se extendió durante años.

El Poder Ejecutivo catamarqueño justificó el acuerdo señalando que era necesario “superar un conflicto de larga data”, restablecer la seguridad jurídica y garantizar la continuidad institucional de YMAD. El camino se cerró en tres pasos: primero, un acta interpretativa firmada en junio de 2024 entre la Provincia y la UNT; luego, el acuerdo conciliatorio rubricado el 15 de diciembre de 2025 con la participación de YMAD; y finalmente, la aprobación legislativa exprés, convertida en ley el 23 de diciembre pasado.

Más recursos para una obra sin plazos

La paradoja central del acuerdo es que la UNT reconoce que la obra original que debía financiarse con la renta minera está, en los hechos, descartada. Argumenta que el proyecto quedó obsoleto, que los planos originales desaparecieron y que el emplazamiento previsto en la Sierra de San Javier hoy se encuentra dentro de un área protegida por la Ley de Bosques Nativos, lo que obliga a relocalizarla.

Ante ese escenario, la universidad plantea la necesidad de una nueva ciudad universitaria. ¿Existe un proyecto concreto? No. El texto del acuerdo solo menciona una “estimación” de referencia: una construcción de 135.000 metros cuadrados, sin plazos definidos ni detalles técnicos. Recién cuando las utilidades de YMAD alcancen para cubrir la totalidad de esa obra, se evaluará destinar una parte de los fondos a un futuro fondo nacional para otras universidades.

Mientras tanto, Catamarca seguirá cediendo el 40 por ciento de la renta de su principal empresa minera para financiar una infraestructura universitaria en otra provincia, cuyo costo proyectado ya supera todo el presupuesto de obra pública provincial para el próximo año.

El acuerdo fue parte del llamado “paquete minero” impulsado por el Ejecutivo, que incluyó además decisiones sensibles como la salida definitiva de la Nación del directorio de YMAD. En la Legislatura, el tratamiento fue a libro cerrado: ni en Diputados ni en el Senado hubo una discusión de fondo sobre el impacto económico y político de la medida.

Así, bajo el argumento de cerrar un conflicto judicial, Catamarca quedó atada a una obra sin fin, sin cronograma y sin garantías claras de retorno, mientras los recursos minerales que se agotan en su territorio pasan a sostener un megaproyecto universitario en Tucumán que, 67 años después, sigue siendo una promesa inconclusa.