"La pelea contra el narcotráfico requiere de una firme convicción y es muy difícil que a esas convicciones las tengan aquellos que padecen la enfermedad de la adicción a drogas ilegales", argumentó Ávila al abrir el debate.

El legislador justicialista también señaló el incremento del consumo de drogas en las fuerzas de seguridad, por lo cual incluyó la obligatoriedad de análisis para estos cuerpos.

Sin embargo, tanto el oficialismo como otros bloques opositores cuestionaron aspectos del proyecto.

La oficialista María Argerich (FT) aclaró que "nadie está en contra" pero advirtió sobre "muchísimos puntos que analizar".

Desde Generación del Cambio, Silvana Carrizo planteó que algunos artículos podrían contradecir derechos constitucionales como la intimidad, privacidad, igualdad y no autoincriminación, sugiriendo incorporar protocolos de confidencialidad.

El presidente del bloque oficialista, Gustavo Aguirre, criticó que el proyecto "está basado en un viejo paradigma del abordaje que se tiene respecto al consumo de drogas", remarcando que "no se puede mezclar y confundir a un consumidor con un narcotraficante".

Además, recordó que "el consumo de drogas en adultos no está penalizado, sino que pertenece al ámbito de la autonomía personal".

El oficialismo cuestionó el timing del debate, a tres semanas de las elecciones. "Intentan dar este debate buscando poner a determinados dirigentes como si fuese que estamos siendo cómplices", expresó Aguirre, quien lamentó el "paradigma totalmente viejo" desde el cual se plantea la discusión sobre adicciones.

A pesar de las diferencias, los diputados acordaron retomar el tratamiento del proyecto el 15 de octubre, en lo que será el segundo debate antes de los comicios.