Judiciales y Policiales
Seguridad pública en jaque

Juzgan la red narco que operaba desde el penal: una nueva falla institucional bajo el gobierno de Raúl Jalil

Diez imputados, incluyendo penitenciarios, están siendo juzgados por tráfico de drogas. La causa vuelve a exponer la connivencia entre el Estado carcelario y el crimen organizado, mientras la dirigencia provincial guarda silencio (Dibujo: NOVA).

Comienza el juicio oral federal contra “el Niño J” y una banda narco acusada de operar con la complicidad de tres guardiacárceles del Servicio Penitenciario Provincial (SPP). La droga ingresaba desde Tucumán y se comercializaba dentro del penal de Miraflores, según la fiscalía.

Los 10 imputados están acusados por delitos graves: comercialización agravada de estupefacientes, transporte con intervención de numerosas personas organizadas y la participación de funcionarios penitenciarios. Algunos miembros de la banda admitieron su responsabilidad; los guardias de la cárcel, por el contrario, niegan haber sido parte del esquema.

Aunque el caso data de 2021, la investigación demoró en tener resultados visibles. Los fiscales señalan que hubo redes internas que permitían el ingreso de drogas al penal mediante internos con beneficios, apoyados por guardaespaldas del sistema penitenciario. La connivencia aparentemente involucra el uso del penal como centro logístico de narcotráfico.

Este caso vuelve a poner en evidencia lo que muchos vienen denunciando en Catamarca bajo el mandato de Raúl Jalil: un déficit claro en el control institucional sobre los penales, falta de transparencia y una sospechosa tolerancia hacia la corrupción carcelaria. Mientras tanto, la población sufre inseguridad creciente, pero no ve respuestas eficaces ni sanciones ejemplares.

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