Raúl Jalil bajo la lupa: nuevas denuncias de corrupción sacuden a la provincia

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, enfrenta una nueva oleada de acusaciones por presunta corrupción que ponen en el centro de la polémica el uso de fondos públicos para beneficio personal.
Las denuncias, que se suman a otras sospechas que lo acompañan desde que asumió el cargo en 2019, tienen como protagonista una millonaria obra en los alrededores del country donde reside el mandatario.
La investigación del programa conducido por Tomás Méndez, reveló que Jalil autorizó un gasto de 1.700 millones de pesos para llevar agua a su barrio cerrado, sin ningún tipo de control ni expediente formal.
Pero las irregularidades no terminan ahí: la empresa encargada de la obra, Huasi Construcciones, pertenece a Aldo Hugo Salgado, casado con Silvia Beatriz Jalil, hermana del gobernador.
Según la denuncia, el acueducto fue realizado sin expediente ni estudio de obra y. no existe estudio de factibilidad.
La inversión total alcanzaría los 61 mil millones de pesos, incluyendo una costanera completa, un puente y el acueducto para el country gubernamental.
El diputado provincial Alfredo Marchioli, de "Es por Catamarca", fue contundente en su crítica: "La traición más grande que puede hacer un gobernante es utilizar los recursos económicos para su beneficio personal".
El legislador contextualizó la gravedad del gasto comparándolo con las necesidades de la provincia: "Hoy en Catamarca hay un déficit habitacional de más de 13.500 viviendas, y con esa plata podrías hacer 4.500 viviendas".
Marchioli también trazó un panorama sombrío sobre el estado institucional de la provincia: "La justicia está paralizada y hay impunidad", señaló, sugiriendo que las denuncias contra el gobernador no encontrarían eco en el sistema judicial local.
Esta nueva denuncia se suma a otros episodios controvertidos de la gestión de Jalil, como el reciente intento de aplicar un impuesto del 5 por ciento a las plataformas de delivery como Rappi y PedidosYa, medida que finalmente debió abandonar ante las protestas de repartidores y el rechazo popular.
Las acusaciones contra el gobernador catamarqueño dibujan un patrón de uso discrecional de los fondos públicos que genera creciente malestar político en una de las provincias más postergadas del país.