El oficialismo, con mayoría en el Congreso provincial, pensó que podía colar el impuesto sin hacer mucho ruido. El senador Mario Gershani, de Valle Viejo, fue el abanderado de esta iniciativa, que avanzó sigilosamente durante la Fiesta del Poncho y ya tenía el visto bueno del Senado. Pero la cosa se pinchó cuando llegó a Diputados.

La viralización del tema en redes y las protestas de los repartidores, que temen que las apps abandonen la provincia si se aprueba el gravamen, pusieron al gobierno contra las cuerdas. El argumento oficial era que estas plataformas, al crecer, debían “contribuir equitativamente” a las arcas provinciales.

Pero el tiro salió por la culata: lejos de ser visto como un acto de justicia fiscal, el proyecto fue leído como un ataque a los laburantes que pedalean bajo el sol o la lluvia para llevar un plato de comida a la mesa.

En un país donde el empleo escasea, las apps de delivery son un salvavidas para muchos, y la amenaza de que cierren operaciones en Catamarca disparó las alarmas. La oposición, oliendo sangre, se reunió con los repartidores y apretó al oficialismo.

Sin margen, la diputada Mónica Zalazar anunció que el proyecto no pasará por la Comisión de Hacienda. Jalil, que intentó desmarcarse en el último minuto, quedó expuesto. Una vez más, la ambición recaudatoria del gobernador chocó con la realidad de los que menos tienen.