Mientras Jalil se queja de los recortes de fondos nacionales, su generosidad con la caja provincial parece no tener límites. En plena crisis, donde cada peso cuenta, el gobernador engrosa la planta estatal con 150 nuevos ñoquis, muchos en categorías altas como 17 o 21, o como profesionales, según la ley de Presupuesto 2025, que registra 56.900 empleados públicos en la provincia.

Este derroche contrasta con su discurso de víctima frente a la austeridad impuesta por Nación. El decreto, que abarca a contratados bajo leyes como la 3.276 del Estatuto del Personal Civil, la 3.198 del Escalafón Civil, la 5.161 de Carrera Sanitaria, y convenios de trabajadores viales y gráficos, no incluye anexos en su versión digital, aunque ya circula en redes.

Desde UPCN celebraron la medida como un “avance” tras años de lucha, pero no todos ven con buenos ojos esta jugada. En 2024, Jalil ya había otorgado estabilidad a 1980 agentes, y ahora suma más cargos fijos, como si el erario público fuera una fuente inagotable.