El dato no es menor: junto con Salta y Tucumán, Catamarca forma parte del trío de provincias beneficiadas con un total de 10.500 millones de pesos. El gesto, lejos de ser un acto de federalismo, parece más bien una maniobra de la Casa Rosada para calmar aguas con algunos gobernadores que todavía no se alinearon completamente pero tampoco alzan la voz contra el brutal ajuste nacional.

En el caso de Jalil, el silencio es más estruendoso que cualquier discurso. El gobernador acepta los fondos, pero no reclama por lo que se está perdiendo: recortes en subsidios, licuación de los salarios públicos, paralización de obras y desprotección social.

Parece cómodo en su papel de receptor silencioso de migajas, mientras el Gobierno nacional despliega una política económica que castiga sin distinción a las provincias del norte argentino.

La tensión entre Nación y las provincias no cede. El eje de la última disputa gira en torno a la propuesta oficial de transformar impuestos a los combustibles en tributos coparticipables.

Si prospera, implicaría 1,5 billones de pesos adicionales para los gobernadores. Pero mientras se debate una redistribución más justa, se siguen repartiendo fondos a discreción y sin criterios claros.