El acuerdo establece un salario mínimo docente garantizado que arranca en 600 mil pesos en julio de 2025, sube a 650 mil en septiembre y alcanza los 700 mil en noviembre.

Además, el punto índice y la función jerárquica tendrán un aumento inicial del 7 por ciento en julio, pasando el punto índice a 1631,25 y la función jerárquica a 120.985,77.

Para septiembre, noviembre y enero de 2026, se aplicarán ajustes bimestrales según el IPC del INDEC, con un piso garantizado del 3 por ciento. ¿Suena bien? No tanto cuando se considera que la inflación no da tregua y que estos porcentajes apenas rozan lo necesario para mantener el poder adquisitivo.

Como cereza de una torta bastante desabrida, Jalil tiró sobre la mesa un bono de 60 mil pesos, no remunerativo, no bonificable y de pago único, que se abonará este viernes 25 de julio. Una palmada en la espalda que no compensa el desgaste de quienes sostienen la educación pública.

Y si hablamos de antigüedad, el gobierno accedió a una bonificación extraordinaria para docentes con 30 años o más de servicio que opten por jubilarse: tres salarios netos al momento de la liquidación final, tanto para escuelas públicas como privadas.

El acuerdo también incluye un adicional por zona para escuelas de La Paz y Valle Viejo a partir de octubre, y la transformación del incentivo por asistencia en un concepto de transporte/conectividad, desvinculado de la asistencia. Pero estos retoques no logran disimular la tibieza de la propuesta.

Mientras los docentes trabajan horas extras no pagas y lidian con un sistema educativo que les exige todo, Jalil parece apostar a que un aumento mísero y un bono fugaz bastarán para acallar sus voces.