Mientras miles de docentes catamarqueños exigen una recomposición salarial real y son sistemáticamente ignorados en las mesas de negociación, el Gobierno provincial decidió cerrar un acuerdo con el Sindicato del Personal de Vialidad Provincial (SPVPC) que incluye aumentos, mejoras por antigüedad, cláusula de actualización inflacionaria y un bono extraordinario. La decisión revela, una vez más, el doble estándar con el que la administración de Raúl Jalil trata a los sectores del Estado.
El convenio firmado establece un aumento del 4 por ciento en julio, una suba en el adicional por antigüedad del 2 al 2,5 por ciento a partir de julio de 2025, y una cláusula de actualización bimestral y acumulativa por inflación.
A ello se suma el pago de una suma fija de 60.000 no remunerativa y por única vez, que se liquidará el 22 de julio. Aunque representa una mejora para los trabajadores viales, el acuerdo contrasta violentamente con la situación que enfrentan los docentes provinciales.
En un contexto de salarios docentes por debajo de la línea de pobreza, falta de convocatoria a paritarias reales y ausencia de propuestas concretas, el acuerdo con Vialidad deja un sabor amargo: no solo por el contenido del convenio en sí, sino por lo que revela en términos de prioridades políticas y sindicales.
El bono de 60.000, que se presenta como un "reconocimiento" al esfuerzo de los viales, no contempla a otros sectores estatales que también sostienen servicios esenciales, como los propios docentes, trabajadores de la salud o empleados administrativos.
Mientras los gremios docentes deben mendigar una mesa de diálogo, y las escuelas enfrentan carencias estructurales inadmisibles, el Gobierno construye una narrativa de "gestión responsable" basada en acuerdos sectoriales oportunistas.
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