Uno de los cuestionamientos más contundentes fue planteado por el gremio UDA, que rechazó tanto el incremento salarial como la cláusula gatillo ofrecidos por el Gobierno. La organización denunció que el aumento propuesto no alcanza a todos los trabajadores del sector y es, por lo tanto, insuficiente para hacer frente a la inflación y al deterioro del poder adquisitivo. UDA propuso llevar el salario mínimo docente a 1.335.000, muy por encima de la propuesta oficial, que solo contempla una suba a 700.000 por cargo testigo, a partir del 1 de julio.

Además del mínimo salarial, el Ejecutivo propuso una actualización escalonada del punto índice y las funciones jerárquicas, con un 5 por ciento en julio y ajustes bimestrales automáticos de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor. Sin embargo, los gremios docentes cuestionan que esta política de aumentos por tramos no responde a la urgencia económica y profundiza la desigualdad entre sectores.

El contraste: acuerdo rápido con el sector de salud

Mientras las negociaciones con los docentes se dilatan y el conflicto se intensifica, el Gobierno cerró rápidamente un acuerdo salarial con la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA). El convenio, que incluye un aumento promedio del 5 por ciento y mejoras en adicionales, también establece una cláusula de actualización bimestral por inflación, similar a la ofrecida a los docentes, pero sin el nivel de resistencia sindical que encontró en el ámbito educativo.

Este contraste no pasó desapercibido en el ámbito gremial: mientras en salud se acordaron mejoras salariales sin mayores trabas, el personal docente -históricamente relegado- continúa enfrentando propuestas que no responden a la realidad económica de la provincia ni al rol estratégico de la educación.