“El crecimiento de estas plataformas ha creado un nuevo ámbito económico, pero no contribuyen al sostenimiento de las arcas provinciales como lo hacen las empresas locales”, argumentó Gershani.

Según la iniciativa, los fondos recaudados por este nuevo impuesto serían destinados a mejorar servicios públicos, infraestructura, educación, salud y seguridad. Además, obliga a las empresas a fijar domicilio legal en Catamarca, lo que facilitaría el control fiscal y garantizaría mayor seguridad jurídica para los usuarios.

Obligaciones adicionales y multas severas

Pero la propuesta no se detiene en lo impositivo: el texto también obliga a las plataformas a contratar seguros adecuados para cubrir posibles daños a usuarios o terceros, y a mantener un registro actualizado de todos los trabajadores que operen mediante sus aplicaciones, con datos personales, tipo de contrato y modalidad de trabajo.

El régimen de sanciones, por su parte, no es menor: contempla desde multas de hasta cinco veces el monto del impuesto adeudado hasta la suspensión temporal de actividades dentro de la provincia para aquellas empresas que no cumplan con la normativa.

Además, se incorpora el principio de responsabilidad civil objetiva, lo que significa que las empresas podrán ser responsabilizadas por daños causados durante la prestación del servicio sin necesidad de probar culpa.