Actualmente funcionan 217 dispositivos alimentarios -105 de ellos solo en la Capital-, una cifra alarmante que no solo da cuenta del hambre, sino también del desgaste de la red social informal que suple lo que el Estado no garantiza. “En algunos comedores detectamos un pequeño incremento, incluso con familias que dependen de más de un servicio”, reconoció Celeste Rivero, directora de Programas Alimentarios. La declaración, que busca ser un diagnóstico técnico, es en realidad una confesión del fracaso del gobierno en garantizar derechos básicos.

El fenómeno no se limita a la Capital. En zonas del interior como Papa Chacra y Culampajá, donde la presencia estatal es mínima, la asistencia llega tarde y de manera insuficiente, según admitió la propia funcionaria. “En algún momento no recibieron asistencia”, dijo Rivero, con una naturalidad que expone el grado de desatención crónica a las comunidades más vulnerables.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social intentan mostrar compromiso con propuestas como el Observatorio Socioalimentario o el programa ECOS, que transforma residuos en productos como jabones o velas. Sin embargo, estas acciones resultan anecdóticas frente a la magnitud de la crisis social que enfrenta la provincia.

A pesar de que las partidas nacionales para los comedores escolares están “depositándose en tiempo y forma”, como aseguró el secretario Marcelo Lobo, el propio funcionario reconoció que las demoras y los ajustes inflacionarios hacen que los recursos lleguen atrasados y erosionados. Mientras tanto, la operación de comedores y merenderos recae en referentes barriales que trabajan como si fuera una obligación de los sectores populares cubrir el vacío que deja el Estado.