Monti denunció que se habría utilizado a la empresa estatal CAMYEN S.E. para apropiarse de concesiones mineras y transferirlas sin licitación a firmas privadas allegadas al poder, desviando así el sentido original de políticas nacionales destinadas a fomentar grandes inversiones.

“La cuestión de privilegio es contra el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, por haber arruinado una política pública que busca impulsar industrias estratégicas como la minería”, expresó el legislador.

Según detalló, el régimen aprobado por el Congreso para facilitar la llegada de capitales a sectores como el minero y energético busca generar divisas, empleo y mejorar la situación económica del país.

Sin embargo, advirtió que este objetivo se ve amenazado cuando en las provincias, que son las responsables de administrar los recursos naturales, se gestan operaciones arbitrarias y direccionadas.

El caso específico involucra a la empresa LUA MINING S.A., creada el 25 de marzo de 2024 e integrada por dos personas ligadas históricamente a Mario Cirigliano, empresario señalado por su relación con la Tragedia de Once y socio de larga data del propio Jalil en el emprendimiento privado Frutos del Cerro.

Solo un mes después de su conformación, LUA MINING S.A. recibió, de forma directa y sin licitación, 18 propiedades mineras ubicadas en el yacimiento Cerro Atajo, transferidas por CAMYEN.

“Esto no es solo escandaloso, es una burla al pueblo de Catamarca. Esta empresa ni siquiera tenía CUIT cuando se le otorgaron los derechos de exploración y explotación por 40 años”, denunció Monti, quien calificó la operación como un saqueo avalado por el poder político provincial.

“Mientras se muestran en el exterior con empresarios y cierran acuerdos millonarios, en Catamarca entregan los recursos estratégicos a un grupo selecto de beneficiarios”, añadió.

El diputado sostuvo que detrás de esta maniobra hay un mecanismo que convierte al Estado en una herramienta para negocios privados, al margen de cualquier control institucional. “Capturan concesiones con una empresa estatal, las transfieren a privados amigos y después negocian en el mercado. Es un esquema perverso que favorece a unos pocos y perjudica a toda la provincia”, afirmó.

La gravedad de las acusaciones motivó la presentación de una denuncia penal ante la Fiscalía de Delitos contra la Administración Pública de Catamarca. En ese marco, Monti exigió la devolución inmediata de las 18 concesiones adjudicadas a LUA MINING S.A. y reclamó que cualquier adjudicación de este tipo se realice mediante procesos transparentes y competitivos.

“El desarrollo minero no puede estar en manos de un club de amigos del poder. No vamos a ser cómplices de este desfalco institucional”, sentenció el legislador, y advirtió que mientras se mantenga este tipo de prácticas, la Argentina seguirá espantando inversiones genuinas.