“El muchacho este está ya hace tres años con el lipoma. Es un tumor benigno, pero lo tienen de acá para allá en la salud pública de Catamarca: le asignan turno PAC, le cambian la sonda hoy, lo atienden mañana, y nunca llega un turno definitivo”, explica un familiar (que pidió mantener el anonimato por miedo a represalias).

Los pacientes se topan con un laberinto de burocracia que dilata hasta lo ridículo la atención. No es casualidad. En cada paso, Jalil (según denuncian trabajadores de la salud y familiares de damnificados) bloquea derivaciones fuera de la provincia para que, de un modo u otro, los enfermos terminen en sus sanatorios privados.

Conflicto de intereses: ¿Gobernador constructor o dueño del monopolio sanitario?

La misma voz anónima lo deja caer: “Él es dueño de la salud privada y, a la vez, controla la pública. No hay derivaciones a Córdoba ni a Buenos Aires, al Garrahan. La única puerta de salida para los pacientes es el sanatorio de Jalil, que cobra millones por cada internación”.

Según fuentes internas del Ministerio de Salud provincial, todas las cuotas de la obra social del Sindicato de Empleados Públicos (OSEP), cuyo presidente de comisiones de revisión es un allegado al gobernador, se canalizan hacia prestadores privados donde el Estado paga tarifas infladísimas. Mientras tanto, el Hospital Carlos Malbrán y el Sanatorio Padre Alberto Aguirre (dos de los pocos centros estatales de cierta envergadura) funcionan con planteles recortados y falta de insumos, tierra fértil para que las urgencias se conviertan en “pacientes rentables”.

En paralelo, el Ejecutivo catamarqueño impulsa un proyecto de ley en la Legislatura para aumentar las contribuciones obligatorias de todos los afiliados a OSEP, es decir, los empleados estatales. ¿El destino de ese dinero extra? Según legisladores de la oposición, se filtraría a las cuentas de la salud privada controlada por el mismo Jalil y sus socios.

“Un doble saqueo: te dejo morir en el público para sacarte plata en el privado”, sentencia un diputado local que prefirió resguardar su identidad.

“No hay turnos”: la vida postergada como estrategia de negocio

El relato de quien sufre el calvario con el lipoma sirve de alerta. “Lo tienen con vueltas, mañana le cambian la sonda, después no hay más nada. Cuando piden la derivación a Córdoba o al Garrahan, todo pasa por ‘filtros’ en la Secretaría de Salud, y ahí el trámite se demora o directamente se desvía al Sanatorio Plaza, donde el Estado paga hasta un 300 por ciento más caro la cirugía”, asegura la fuente.

Y no es casualidad que, incluso con diagnósticos de tumores benignos (que no requieren urgencia vital), el sistema empuje al paciente a pasar por aranceles privados. En la práctica, la postergación deliberada evita que la gente opte por el sistema público, donde ya casi no queda nada: quirófanos cerrados, guardias colapsadas y profesionales de la salud que emigran por falta de pagos o condiciones indignas.

La cara oculta de un gobernador “solidario”

En rueda de prensa, Jalil suele alardear de haber aumentado la “cobertura médica” de la obra social estatal y de haber inaugurado centros de atención primaria.

Sin embargo, basta recorrer cualquier hospital público para encontrar carencias extremas: camillas oxidadas, baños inservibles y vestuarios de personal con filtraciones.

“La foto oficial del gobernador no entra en los pasillos donde cientos de pacientes duermen sobre camillas, sin sábanas, haciendo cola para una inyección”, ironiza un enfermero que lleva dos décadas atendiendo en el hospital público.

El negocio de la salud, comandado por el “Empresario-Gobernador”, crece sin freno. Los sanatorios de su propiedad (oficialmente administrados por testaferros, pero con respaldo absoluto desde Casa de Gobierno) aparecen en la agenda de prioridades, recibiendo recursos que jamás llegan a la red pública. Las estadísticas oficiales apenas muestran un leve repunte en atenciones: “Claro, porque cargan consultas al garrote del privado, no del hospital”, constata un médico de guardia.

Protesta silenciosa y la voz de los olvidados

Mientras los empleados estatales ven recortados sus salarios, la OSEP ajusta cuotas y aumenta prestaciones… que, en la práctica, no reciben. “Si no pagas más, no te cubren nada. Y si querés atención en serio, pasás por ‘Sanatorio Jalil’. Es un círculo perverso”, relata un afiliado frustrado.

Las movilizaciones gremiales han sido reprimidas con amenazas y descuentos de haberes. Nadie quiere meterse con el gobernador que, de un plumazo, decide quién vive y quién muere en el sistema público.

En barrios populares, la bronca crece. Se comentan casos de personas que perdieron dedos, extremidades o hasta la vida por esperar una derivación. “Con un lipoma mandan a un tipo a sufrir años de ansiedad; imaginate si fuera algo realmente grave”, reflexiona un vecino que logró los “turnos express” (a cambio de 4 mil pesos mensuales) gracias a un contacto íntimo con la obra social.

Vecindario de privilegio: la intendente de Valle Viejo de vacaciones mientras el pueblo agoniza

A apenas 100 metros del hogar del joven víctima del lipoma vive la intendente de Valle Viejo, Susana Zenteno.

Su nombre saltó a la polémica cuando, hace pocas semanas, pidió licencia para tomarse unas vacaciones de lujo en playas paradisíacas de República Dominicana, justo cuando los reclamos por la salud pública alcanzaban su punto más alto.

“Se subieron al avión mientras nosotros seguimos esperando un turno para un simple cambio de sonda”, señala otro vecino, harto de la insensibilidad de quienes están en el poder.

Catamarca entre la opulencia del privado y la desesperanza del público

El gobernador Raúl Jalil, con un discurso prolijo y altruista, oculta detrás de su sonrisa el pulso de decenas de miles de catamarqueños que desesperan en filas interminables para un simple análisis de sangre.

Mientras tanto, su patrimonio en el ramo sanitario crece: clínicas nuevas, ampliaciones en los sanatorios y contratos millonarios con el Estado. El dilema es claro: la salud de Catamarca se privatiza bajo el manto de una obra social al servicio de un hombre que, paradójicamente, es quien debe velar por el bienestar colectivo.

Y en el entorno más cercano, la intendente Zenteno navega por el Caribe mientras su municipio (que incluye el barrio del paciente) se hunde en el colapso sanitario.

La pregunta que retumba en los pasillos: ¿Hasta cuándo la provincia permitirá que Jalil y su círculo político usen el aparato estatal para engrosar sus arcas privadas? Si hoy una simple lipoma tarda tres años en atenderse, habrá que imaginarse lo que sucede con casos que, de no atenderse a tiempo, pueden ser fatales.

Mientras tanto, la gente sigue esperando. Y paga. Y espera. Y paga. Porque en Catamarca, la salud parece ser un privilegio, no un derecho.