Tania Córdoba, docente de apoyo que acompaña a muchas de las familias afectadas manifestó: “Nos toca escuchar con mucho dolor a todas las mamás que pasan por esto, en todos los niveles, desde inicial hasta secundaria. Lo que viven estos chicos es desgarrador”.

Hasta el momento, se registraron más de 60 denuncias formales, aunque las madres y padres aseguran que el número real es mucho mayor. “Nos dicen que son casos aislados, pero somos cientos las familias que sufrimos esto”, remarcaron dos madres que participaron de las protestas. Según relataron, el propio director de Educación Privada reconoció que hay más de 400 niños con diagnósticos incluidos en el sistema educativo, aunque restó gravedad a las denuncias.

Uno de los casos más conmocionantes es el de un niño de tres años que, sin diagnóstico confirmado pero con conductas inquietas, fue víctima de una situación de violencia extrema. Débora Torres, madre del menor, relató que una docente de música utilizó su celular para simular un llamado a la policía, amenazándolo con que "lo iban a llevar preso y no volvería a ver a su familia". “Mi hijo sigue traumado. Se hace pis encima, llora cada vez que ve a esa maestra y la escuela insiste en que debe compartir el aula con ella”, denunció.

Otro caso grave involucra a una adolescente con dislexia que cursaba en el colegio FASTA. Según su madre, “ningún docente adaptaba los materiales para que pudiera aprender, la humillaban y hoy tiene secuelas psicológicas graves”. A pesar del cambio de institución, la historia se repite: falta de acompañamiento, falta de formación docente y vulneración constante de sus derechos.

Las familias apuntan a una falla estructural en el sistema educativo provincial: “Las escuelas no están preparadas, no hay políticas claras, no hay controles y los docentes no reciben formación real en inclusión. A nuestros hijos los marginan, los expulsan del aula y nadie responde”.

Las familias continúan organizándose y exigiendo respuestas concretas a las autoridades. La demanda es clara: una educación inclusiva real, con recursos, formación docente, acompañamiento profesional y compromiso institucional. “Ya no queremos más discursos, queremos que nos escuchen y protejan a nuestros hijos”, concluyeron.