“Todo lo que está pasando perjudica indirectamente a nuestros chicos. Las terapias están en riesgo porque muchos profesionales no cobran desde hace tres meses. Esto vulnera derechos y atenta contra la continuidad del tratamiento”, afirmó.

Las familias advirtieron que el acceso a terapias esenciales está en peligro. “Nuestros hijos necesitan psicólogo, psicopedagogo, psicomotricista, psiquiatra. Son muchas terapias y no pueden dejar de recibirlas. Pero los profesionales no pueden seguir sosteniéndose sin cobrar”, agregó Mercedes.

Belén, otra mamá presente, alertó sobre los bajos montos que perciben los becados provinciales o municipales y los largos plazos de pago: “Una maestra de apoyo cobra 315 mil pesos cada tres meses. Mientras tanto, las consultas particulares rondan los 20 mil pesos por sesión. Esto es imposible de afrontar para muchas familias”, aseguró.

Por su parte, los profesionales de centros privados también sumaron su voz al reclamo. Guadalupe Díaz, terapista, pidió una urgente actualización del nomenclador: “Las instituciones no pueden más. Todo es cuesta arriba. Necesitamos que se trate la Ley y se escuche nuestro pedido”, sostuvo.

El reclamo unificado apunta a evitar el colapso del sistema de atención a personas con discapacidad, garantizar la continuidad de las terapias y preservar los derechos establecidos por la Ley Nacional 24.901, vigente desde hace más de una década.