Secretario de un fiscal involucrado en una red de pedofilia
En el marco de una pesquisa por abuso sexual, distribución de material de abuso y explotación sexual infantil, la Justicia de Catamarca investiga al secretario de la Fiscalía de Novena Nominación de Catamarca, Pablo Seco Maza y allanó su oficina. En este contexto, desde la Red de Infancia Robada alertaron por la gravedad de lo sucedido y la "inseguridad jurídica" que significa.
La información se conoció el jueves por la noche cuando el Fiscal de Octava Nominación, Sebastián Pelisari, ordenó allanar la Fiscalía de Novena nominación y secuestró un CPU y teléfonos celulares en el marco de una investigación por explotación sexual infantil. De esta manera trascendió que las pesquisas iniciadas en Buenos Aires en 2021, sindicaban como uno de los sospechosos de consumo y distribución del material de abuso sexual infantil, al secretario de esa Fiscalía, Seco Maza.
La gravedad institucional recayó en la Secretaría de Sumarios de la Corte de Justicia, desde donde se inició un sumario contra el funcionario judicial mientras los peritos avanzan en el análisis del material secuestrado.
En este contexto, y mientras la Justicia de Catamarca está en la mira desde la Red Infancia Robada, se emitió un comunicado detallando la inseguridad jurídica que significa “pederastas en el Poder Judicial”
“Cuando los recursos tecnológicos en la Justicia deberían estar al servicio de las investigaciones judiciales, cuando los funcionarios y demás efectores judiciales deberían estar al servicio de la comunidad, otra vez nos duelen los derechos vulnerados de las infancias, al tomar estado público la gravísima situación suscitada en ámbitos de la Fiscalía de Instrucción N° 9 cuyo Secretario está involucrado en consumo y distribución de material de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes”, destaca el comunicado.
“Lo gravemente paradójico de la situación, -que implica allanamientos a la propia sede judicial-, desnuda la cosmovisión pedófila que persiste en una sociedad donde las infancias siguen ocupando un lugar propicio para la vulneración de derechos. La gravedad de este caso radica en que el consumo y distribución de material de explotación sexual infantil, lo protagoniza un ciudadano que cumpliendo sus deberes de funcionario público debería bregar por la consagración de derechos.
Es particularmente aborrecible esta situación, si en un contexto más amplio analizamos de qué modo innumerables causas por abuso sexual son archivadas, desestimadas y acalladas las voces de víctimas y sobrevivientes que acuden infructuosamente a la justicia buscando reparación.
¿Cómo no sucedería si quienes deben colaborar para la dilucidación de estos casos son perpetradores/consumidores de pedofilia y forman parte de redes de delincuencia?”, alertan desde la Red.
Por último, resaltaron que como “organización que busca fortalecer y concientizar sobre la infancia y la adolescencia como sujetos plenos de derechos, manifestamos nuestro hondo repudio ante estos hechos y a sus involucrados. Solicitamos a la Justicia una investigación fidedigna. Esperamos acciones judiciales ejemplificadoras de un Poder Judicial que debe dar fe de su condición ética, que dé garantías de seguridad jurídica y especialmente libre de delincuentes y pederastas”.
