Un grupo de referentes gremiales de distintos sectores de la Administración Pública que no fueron convocados por el Gobierno de Raúl Jalil para las paritarias, ahora expresan su rechazo al último acuerdo salarial y aseguraron que el Ejecutivo toma una base de cálculo equivocada, que los hace perder el poder adquisitivo. En el medio, una interna gremial entre opositores y defensores del Gobierno expuso las diferencias.
Mauricio Hezze, de la Asociación de Personal de Organismos de Control, explicó que en 2022 se incumplió la paritaria y los empleados públicos perdieron el 26,2 por ciento de su sueldo, y que este año volvieron a perder dato que tomaron una base de cálculo equivocada. Para Hezze, un empleado público debería empezar el 2024 cobrando 400 mil pesos para que no se siga erosionando el poder adquisitivo, algo que el Gobierno ni siquiera analiza.
El último jueves, mientras los gremios disidentes se movilizaron hacia la Plaza 25 de Mayo a reclamar por el cálculo utilizado para la actualización de los sueldos, el presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Federico Rueda, negó que el Gobierno este liquidando mal los sueldos.
Ocurre que un informe del Consejo analizó los índices de inflación y llegó a la conclusión de que gracias a los bonos extraordinarios (y en negro) que el Gobierno le dio los empleados públicos, estos pudieron superar la inflación. “Sería una buena herramienta si se incorporaran al básico. Nosotros no decimos en ningún momento que la liquidación está mal hecha, porque no participamos de los acuerdos que se firman”, explicó el contador.
Sin embargo, los miembros de APOC, IPV, Capresca, Autoconvocados de Salud, CTA, entre otros sindicatos disidentes, reclamaron que el Gobierno los convoque para revisar los acuerdos salariales. "Venimos reclaman la pérdida de 26 por ciento del poder adquisitivo de nuestros salarios, esos salarios sobre los que toman la base de cálculo para el aguinaldo, para las jubilaciones de aquellos que llegan a jubilarse. Hasta hoy, los jubilados provinciales no vieron ni un centavo de esos bonos que el Gobierno se ufana de haber entregado, del que se enorgullecen junto con los gremios amigos. Se enorgullecen de pagar salarios en negro, cuando debería ocurrir todo lo contrario", reclamó.
Este debate por el cálculo utilizado para la liquidación de haberes de la Administración Pública se instaló desde dos aristas: por un lado, desde el reclamo político, denostado por los gremios que sellaron los acuerdos con el Gobierno; y por el otro desde la interna sindical. En la última sesión de la Cámara de Diputados, el presidente del interbloque de JPC y precandidato a legislador nacional Luis Lobo Vergara (Gana Catamarca) quiso ingresar un proyecto de interpelación a la ministra de Trabajo, Verónica Soria, en el marco de los reclamos por la mala liquidación.
Según indicó, hay unos 14 mil reclamos formales presentados a nivel administrativo, y aseguró que en el Ejecutivo “cajonea” esos planteos para no darles respuesta. “Hay un estrépito por la mala liquidación de haberes”, dijo y destacó que esta problemática “la viene planteando la APOC desde hace más de un año y medio”.
Según el diputado, ya hay “más de 14 mil presentaciones individuales y otras colectivas” en el Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos, y que “todas están cajoneadas”. “Tuve la iniciativa de hacer este pedido de interpelación para que venga la ministra Soria y pueda dar las explicaciones de por qué el Estado no responde. Corresponde que lo pase a Asuntos Jurídicos y emitan un dictamen y que el Estado se exprese al respecto”, señaló.
A esto se sumaron otros precandidatos y dirigentes de la lista 'Gana Catamarca', de JPC, acompañaron la marcha de los gremios, con el precandidato a gobernador, Flavio Fama y el precandidato a diputado provincial Mamerto Acuña, entre otros referentes del sector.
Según Acuña, “en el Gobierno toman una base de cálculo inferior y eso, trasladado a años anteriores, agudiza la situación. El paliativo de los bonos lo único que hace es menguar un poco el impacto pero evidentemente estamos teniendo una un desfasaje en el salario del trabajador”, explicó el exministro de Economía del Frente Cívico y Social.
“Creo que aquí hay una cuestión intencional de ahorrar en salarios para aplicar a la obra pública, pero el Gobierno erró en el diagnóstico, porque estamos realizando obras carentes de sentido que no modifican la situación de cómo vive la gente, y no lo aplican para solucionar la situación acuciante del trabajador que tiene que endeudarse para comer”, reclamó.
Fama, además, aseguró que “hay una realidad y es que el Gobierno está pisando claramente los salarios de los trabajadores”.
Por su parte, la secretaria general de UPCN, Claudia Espeche, y el secretario general de ATE, Ricardo Arévalo, que son los que refrendaron los acuerdos, aseguraron que los convenios son positivos y cuestionaron la legitimidad gremial de quienes protestan.
Entonces… ¿Quién revisará los salarios?
